Redacción Madrid. 2 de febrero. Las autoridades de Corea del Norte obligan a los niños a trabajar como mano de obra barata, desvían las ayudas alimentarias destinadas a la población y encierran en correccionales a menores de edad cuyos padres han cometido un delito, según informaron varias organizaciones de Derechos Humanos.
El informe de la Alianza de Ciudadanos para los Derechos Humanos en Corea del Norte y del Centro Asia de Derechos Humanos, con sede en Seúl, hecho público hoy, revela que las deficiencias del sistema educativo han aumentado los casos de abandono escolar y de analfabetismo en el país.
"El trabajo infantil y la explotación económica se han extendido ampliamente y se han convertido en prácticas habituales en medio del empeoramiento de la penuria económica del país", se lee en el informe, titulado 'Informe sobre la Situación de los Derechos de los Niños en la RDPK'.
Los niños tienen grandes dificultades para acceder a la educación y los pocos libros de texto disponibles sirven como propaganda del régimen estalinista del país, asegura el informe. Aparte, los niños se suelen ver obligados a trabajar en granjas y factorías o a rebuscar materiales, como el estaño o la madera, para venderlos al Ejército o a las autoridades locales. El informe se basa en entrevistas con alrededor de 50 desertores.
"En consecuencia, parece que el porcentaje de analfabetismo ha aumentado y que el nivel académico global de los jóvenes norcoreanos ha empeorado en la mayoría de las zonas, excepto en Pyongyang y en un puñado de lugares", prosigue el texto. Los que permanecen en la escuela se ven forzados, desde los catorce años de edad, a pasar dos años de servicio militar obligatorio en las filas de la 'Joven Guardia Roja'.
Por otra parte, las agencias internacionales humanitarias que intentan hacer llegar alimentos a la necesitada población de este país de 23 millones de habitantes se enfrentan a numerosos controles para llevar sus ayudas a destino.
Con todo, incluso en caso de que lleguen, muchos niños se quedan sin estos suministros. Según el informe, los profesores de las provincias pobres, que deberían encargarse de distribuir las ayudas alimentarias, la suelen vender a estudiantes o a comerciantes y una parte incluso es desviada a los niños de la clase privilegiada de Pyongyang y del Ejército.
Aparte, prosigue el informe, los menores de edad cuyos padres son detenidos por delitos se ven obligados a ingresar en centros especiales en los que "se les priva de educación básica, se les fuerza al trabajo al infantil y se les restringe la libertad".
El informe da cuenta de algunas mejoras en las condiciones de los niños, como la supresión de las torturas a menores acusados de delitos y la reducción de las penas a los niños que son sorprendidos mientras intentan escapar del país. También se han incrementado las vacunaciones infantiles.
